A continuación les entregamos una interesante columna de opinión sobre gestión cultural en Chile.
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Cultura en Comunas
Sólo el uno por ciento del presupuesto anual de cada municipio está destinado por ley a financiar actividades culturales. Eso equivale, en un municipio con recursos como el de Viña del Mar, a una subvención aproximada de 20 millones de pesos, que -en su caso- son destinados al tradicional concurso de piano Luis Sigall, cuyo costo total es de 90 millones. Aunque es posible recurrir a los fondos concursables públicos, están muy lejos de cubrir la demanda nacional por este género de iniciativas. De ahí que la única vía que tienen los municipios para sostener un programa cultural en el tiempo sea la participación del sector privado.
En el caso de Santiago, no pocas comunas, siguiendo el modelo de las más tradicionales, han comenzado a diseñar planes de financiamiento recurriendo al sector privado, especialmente por medio de la ley de donaciones culturales o "ley Valdés". El caso más notorio es Recoleta, que en los últimos años ha logrado elaborar un sólido programa cultural en beneficio de sus habitantes y de toda la ciudad. Corolario de ello fue la reciente interpretación del oratorio "Carmina Burana" en la remozada columnata de plaza La Paz. El costo de ese evento fue de 45 millones de pesos, que fueron aportados por empresas de la comuna acogidas a dicha ley. Esfuerzos similares se hacen también en La Reina, Lo Barnechea, Ñuñoa y Providencia, entre otros.
Pese a la cifra significativa que logró obtener Recoleta invitando a empresas de la comuna a acogerse a la ley de donaciones para financiar un gran espectáculo, el potencial de este instrumento legal sería mucho mayor si las autoridades se decidieran a introducirle correcciones que han sido planteadas en forma reiterada por diversos actores. Las donaciones estrictamente culturales quedaron restringidas, primero, por el porcentaje que debe ir al fondo común, lo que hace que los donantes ignoren el destino de su aporte. También fueron afectadas por las figuras delictivas tipificadas en la última reforma, que imponen penas de privación de libertad para los eventuales infractores, situación que debiera ser regulada mediante figuras penales normales, como las multas, que no amedrenten a potenciales donantes.
Además, debe ampliarse la base, pues las empresas tienen un tope de renta líquida imponible de 4,5 por ciento, lo que limita el porcentaje que puede ir a actividades culturales. Asimismo, debería establecerse una modalidad para aquellas personas naturales que quieran destinar a ese fin una parte de sus compromisos tributarios.
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Fuente: El Mercurio, 29 de Marzo de 2007.
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